El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Comisión
de
Defensa del Comercio Formal de
Cámara de Industria (CODECOF) y la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT), llevaron a cabo hoy la destrucción de 22 millones 270 mil
cigarrillos de marcas como Gold Seal, Modern y Marshal, las cuales ingresan
permanentemente al país de manera ilícita a través de una red global que
funciona con varios esquemas de evasión de impuestos.
Esta destrucción forma parte
de las acciones que realizan las autoridades gubernamentales para contrarrestar
el comercio ilícito y que son apoyadas por CODECOF, quien enfoca su trabajo en
ofrecer los insumos técnicos, tecnológicos y económicos para incidir en el
apoyo y fortalecimiento que requieren las instituciones públicas que velan por
el cumplimiento de la ley en materia de prevención de estos delitos.
A pesar de que esta
problemática se presenta a nivel nacional, es en el departamento de Escuintla
donde hay mayor incidencia de comercio ilegal de cigarrillos, seguida de
Guatemala Alta Verapaz y Petén. En los municipios de Mixco y Villa Nueva
también se encuentran estos productos.
Los puntos fronterizos, en especial con Belice, son un canal usual para
el ingreso de esta mercadería. Los productos que más se observan en las
incautaciones que realizan las autoridades son de manufactura coreana, china e
india.
“Actualmente 3 de cada 10 cigarrillos en
Guatemala son ilegales, lo cual, además del impacto que tiene para la industria
formal que paga sus impuestos y cumple con todas las regulaciones vigentes,
implica una pérdida anual de aproximadamente Q73 millones o, en volumen de
cigarrillos, equivale a más de 420 millones de unidades que se comercializan en
todo el país y que
exponen a los consumidores a productos sin controles sanitarios de ningún tipo”,
explica Axel Romero, gerente de gestión de la Comisión.
Un delito que amenaza la
seguridad nacional
Además del impacto que este delito representa para la industria, hay que agregar que el crimen organizado utiliza el contrabando de cigarrillos como un elemento de financiación y lavado de activos, lo cual genera un clima de mayor inseguridad en el país. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos de América, el comercio ilícito de cigarrillos es considerado como una amenaza a la seguridad nacional ya que financia organizaciones criminales como las maras en el Triángulo Norte de Centro América y provee fondos al terrorismo transnacional.
De acuerdo con Romero, para
contrarrestar este delito es preciso contar con mayores controles en las
fronteras y puntos ciegos, y que las autoridades realicen operativos
recurrentes en puntos de venta para persuadir a los negocios a no comercializar
estos productos.
También es importante
capacitar adecuadamente a quienes intervienen en estos operativos, generar
foros de discusión para socializar herramientas efectivas que permitan reducir
la incidencia del comercio ilegal y fomentar la competencia e inversión del
sector de tabaco, el cual se encuentra en un proceso de transformación para
llevar al consumidor adulto que desea continuar consumiendo estos productos;
todo esto sin dejar de lado la importancia de que se genere una legislación
coherente que permita atacar el comercio ilegal desde todos los ángulos.