Con una
convocatoria que superó todas las expectativas — más de 320 inscripciones en
las primeras 24 horas—, se llevó a cabo hoy el evento "Nueva Ley, Nuevas
Reglas: Prevención del Lavado como Compromiso País", organizado por
GuateIntegra con el apoyo de Bantrab como aliado estratégico, en el Salón
Azaria de Ciudad Cayalá.
La jornada
reunió a aproximadamente 351 profesionales de sectores clave: oficiales de
cumplimiento, alta gerencia bancaria, directores y representantes legales de
empresas, notarios, abogados, contadores, auditores, sector inmobiliario y de
construcción, fintechs, empresas de
activos virtuales, gremiales empresariales, reguladores, funcionarios públicos
y medios de comunicación especializados.
El objetivo
central fue posicionar la prevención del lavado de dinero y el financiamiento
al terrorismo (ALD/CFT) como una responsabilidad compartida entre el Estado, el
sector privado y la sociedad civil, en el contexto de la aprobación de la nueva
ley y la próxima evaluación de GAFILAT programada para febrero de 2027.
Durante la apertura del evento, Christa Waters, miembro de la
Junta Directiva de GuateÍntegra, destacó la importancia de abordar este tema
desde una perspectiva integral: "La
prevención del lavado de dinero ya no es un asunto exclusivo de las áreas de
cumplimiento. Es un asunto que habla de la calidad de nuestras instituciones,
de la confianza en nuestra economía y de la competitividad del país."
Programa
y participantes destacados
El evento
ofreció una agenda de alto nivel con contenido práctico y orientado a la
acción, que incluyó:
●
Apertura
institucional a cargo del licenciado Juan Carlos Monroy Véliz, Intendente de
Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos.
●
Conferencia
inaugural: "Prevención del lavado de dinero: lecciones y estándares desde
América Latina", impartida por Juan Pablo Rodríguez, presidente de Junta
Directiva de RICS Management y experto colombiano en ALD/CFT.
●
Conferencia
magistral: "Compliance con enfoque en riesgos: cómo convertir los
estándares en cultura real de cumplimiento", a cargo de Viviana Montero
Sánchez, Líder Regional en Ética, Cumplimiento y Asuntos Legales.
●
Dos
paneles de discusión con representantes del sector público, empresarial,
financiero, legal, de auditoría e inmobiliario.
Panel
1: El impacto de la nueva ley
Moderado
por Paola De la Torre, presidente ejecutiva de GuateÍntegra, el primer panel
analizó el impacto de la Iniciativa 6593 desde las perspectivas pública,
empresarial y regulatoria. Participaron: Juan Carlos Monroy Véliz (IVE), Carlos
Arias, presidente de la Junta Directiva del CACIF, Juan Pablo Rodríguez (RICS Management) y
Estuardo Gamalero, director titular de la Junta Directiva de Bantrab.
Panel
2: Nuevas personas obligadas
Moderado
por María Teresa Salazar, Global AML Program Manager de Millicom/Tigo, el
segundo panel se centró en la ampliación del universo de sujetos obligados y
los nuevos desafíos para auditores, notarios, constructoras, comercializadoras
de vehículos, fintechs y plataformas de activos virtuales. Participaron: Astrid
Domínguez (Consortium Guatemala), Rosa María Medina (Grupo Cayalá) y Carlos
Córdova, presidente de la Junta Directiva del Instituto de Auditores Internos
de Guatemala.
Una
respuesta extraordinaria
La magnitud
del evento refleja el interés genuino del sector profesional guatemalteco por
mantenerse actualizado y contribuir activamente a la construcción de un entorno
de negocios más íntegro y competitivo.
Los
asistentes se llevaron claridad sobre qué cambia con la nueva ley, qué se
espera de los nuevos sujetos obligados, herramientas prácticas para implementar
programas de cumplimiento, y una perspectiva regional y global sobre cómo
Guatemala se posiciona ante el mundo en esta materia.
Los
participantes que completaron su registro previo y estuvieron presentes durante
toda la jornada recibirán un certificado de participación emitido por
GuateIntegra, que será enviado a sus correos electrónicos en los días
posteriores al evento.
Compromiso
país
Al cierre
de la jornada, GuateIntegra reafirmó su compromiso de continuar generando
espacios de diálogo, formación y acción en materia de Compliance e integridad
institucional. La prevención del lavado de dinero y el financiamiento al
terrorismo es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración
proactiva entre el Estado, la sociedad civil y el sector empresarial para
construir un sistema efectivo que proteja al país, fortalezca su economía y lo
posicione con certeza ante el mundo.
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